domingo, 31 de marzo de 2013

Las reformas estructurales reducirían el consumo de calefacción de Euskadi un 40%


El análisis de distintos parámetros del sector residencial vasco  apunta a la rehabilitación como clave para la reducción del consumo energético y la eficiencia

Euskadi podría reducir hasta un 40% el consumo en calefacción a través de la rehabilitación de viviendas antiguas, según un informe del Ente Vasco de la Energía. Después de un estudio en el que se han analizado distintos parámetros del sector residencial vasco (dimensiones y soluciones constructivas de la vivienda, sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria e iluminación, y las fuentes de energía empleadas y su uso), el Ente ha llegado a ésta y otras conclusiones que demuestras el gran potencial de ahorro de la Comunidad Autónoma.

La antigüedad de la vivienda es un factor clave en la pérdida de energía en forma de calor. Un edificio construido antes de 1979 y sin reformar tiene una demanda en calefacción alrededor de 2,8 veces superior que otro construido después del año 2007. Es por lo que existe un potencial global de reducción del 40% del consumo en calefacción por mejoras estructurales reformando toda vivienda anterior a 2007.

El consumo doméstico supone un 8% de la demanda energética vasca y el 15% de la factura, es decir, unos 856 millones de euros. Para contrarrestar estas cifras, en aumento los últimos años debido a la concentración de equipamiento electrónico en los hogares, desde la Administración se destinan ayudas a la renovación de las viviendas (rehabilitación, cambio de ventanas o de electrodomésticos), se adapta la normativa para que los edificios nuevos o rehabilitados sean más eficientes y se realizan diferentes campañas de concienciación para un uso más racional de la energía.

El futuro del sector residencial se encuentra estrechamente ligado a la eficiencia energética de edificios. La pendiente transposición a la legislación española de la Directiva europea de 2002/91/CE sobre el certificado energético en viviendas exigiría que todos los edificios existentes, cuando se vendan o se arrienden, dispongan obligatoriamente de un certificado de eficiencia energética.

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